El PP propone medidas que faciliten la compra ‘porque el 85% de los jóvenes lo que quieren es tener una vivienda en propiedad’
Fuente: Inmoweb
El secretario de Política Económica y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que revisarán las nuevas ayudas al alquiler anunciadas ayer por el Gobierno, y apostó por introducir medidas que faciliten la compra ‘porque el 85% de los jóvenes lo que quieren es tener una vivienda en propiedad’.
Miguel Arias Cañete indicó, en un encuentro informativo, que introducir ayudas directas y desgravaciones fiscales al alquiler de vivienda no solucionará la falta de oferta que existe en la actualidad, y además criticó que las subvenciones se destinen únicamente al colectivo de jóvenes de entre 22 y 30 años.
Afirmó que si el PP gana las elecciones generales de marzo de 2008, introducirá una revisión de estas nuevas ayudas, aunque eludió responder si finalmente las mantendrán o no. ‘Haremos algún ajuste con las medidas, pero siempre buscando la vocación de universalidad’, añadió el portavoz 'popular', tras insistir en que el PP intentará beneficiar al conjunto de la sociedad y no únicamente al colectivo de jóvenes.
Insistió en que la gran mayoría de los jóvenes, según encuestas del Ministerio de Vivienda, prefieren comprar antes que alquilar. ‘En nuestra propuesta electoral vamos a centrarnos en facilitar la compra a los jóvenes, que quieren tener su propia vivienda, combinándolo también con medidas por el lado de la oferta para mejorar el alquiler’, subrayó.
Miguel Arias Cañete dijo que las deducciones al alquiler anunciadas pueden generar un aumento del precio de los arrendamientos y, por ello, apostó más por reducir los impuestos en general y, especialmente, aquellos que gravan la adquisición de vivienda y que, según sus cálculos, encarecen en un 8% el precio final de la misma.
Junto con estas medidas, apostó por modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procedimientos de desahucios por impago, que ahora pueden llegar a dilatarse hasta un año, y que, según los 'populares', es el motivo principal por el que los propietarios con viviendas vacías no las ponen en el mercado de alquiler.
El dirigente del PP dedicó también importantes críticas a la 'puesta en escena' del anuncio de las citadas medidas (el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, en las escalinatas de Moncloa), y calificó de ‘patética’ dicha presentación, ya que, en su opinión, estas medidas son ‘exactamente’ las mismas que ya aprobó el Ejecutivo en el Plan de Vivienda de 2005.
‘Es más de lo mismo y, por tanto, lo que tenía que haber dicho el Gobierno es por qué fracasó el plan de vivienda anterior y por qué Chacón ha copiado las medidas a la anterior ministra de Vivienda María Antonia Trujillo’, reiteró Arias Cañete, que pidió la dimisión de Chacón ‘por copiar y no decirlo’.
Añadió que está claro que el anterior plan de vivienda fue un ‘fracaso’, por lo que afirmó que plantear ahora lo mismo es un ‘escándalo’, y demandó al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que ponga ‘coto’ a este tipo de anuncios que suponen una desviación del gasto público.
Miguel Arias Cañete aseguró que el Gobierno está optando por la ‘peor estrategia posible’ teniendo en cuenta la actual crisis de los mercados financieros internacionales, que no es otra que ‘dedicarse a la compra de votos con el dinero de todos los españoles, algo totalmente suicida’. ‘Es la locura de la caza del voto perdido’, criticó.
El Gobierno se ha lanzado a ‘esta carrera electoral enloquecida’ porque está intentando ‘enmascarar’ la política económica ‘desastrosa’ de esta legislatura. Además, acusó a Zapatero de haber ‘mentido’ al asegurar que todas las prestaciones sociales anunciadas supondrían dos décimas de superávit (unos 2.000 millones de euros), cuando según sus cálculos, estas medidas superarán ampliamente los 2.500 millones de euros.
Todas estas medidas (el cheque-bebé, el plan de salud buco dental o las ayudas al alquiler) suponen una presión sobre el gasto estructural y, a la larga, una merma del superávit público, que además se ha conseguido por los mayores ingresos y no por una reducción del gasto. Demandó un mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, y apostó por un superávit público del 3% del PIB, así como una reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades, un programa de inversión pública para compensar la desaceleración de la construcción, una nueva Ley del Suelo, la actualización de la normativa financiera y una reforma de los organismos reguladores.
Lanzó duras críticas al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat sobre las inversiones en infraestructuras que debe recibir la comunidad, y pidió a Solbes que explique por qué la metodología correcta para el cálculo de estas inversiones fue la aplicada en los Presupuestos pasados y ahora se dice que la correcta es la que se ha negociado este año y que ha supuesto para Cataluña 826 millones de euros más.
‘Por tanto, el Gobierno mintió el año pasado o miente ahora’, reprochó Arias Cañete, que pidió también al Ejecutivo que explique cuál va a ser el criterio general de distribución de la inversión pública estatal entre las comunidades autónomas en 2008.
